Nota de Página|12
Nota de Crítica de la Argentina
Nota de Clarín
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció ayer una decisión histórica: repudiar el pago de una porción de la deuda de ese país por considerarla “ilegítima” e “inmoral”, luego de que una comisión investigadora llegara a esa conclusión tras una “profunda investigación”.
“No se seguirá pagando esa deuda externa y presentaremos a los acreedores un plan de reestructuración en los próximos días”, afirmó Correa en una declaración a la prensa en Guayaquil. Es una medida inédita para los países de América latina, que en otras oportunidades cayeron en default, ya sea en un intento por forzar una negociación con los acreedores o bien porque no pudieron soportar el ahogo financiero, como el caso de Argentina en 2002. Ecuador, en cambio, lo hace sobre una porción de la deuda de poca significación en términos económicos y alegando razones de justicia y moralidad.
En 1984, Argentina, Brasil y México conformaron el Consenso de Cartagena para plantear a los acreedores la ilegalidad y la inmoralidad de parte de la deuda asumida por las dictaduras de esos países. Funcionarios de los tres países mantuvieron algunos encuentros para intentar formalizar un plan de acción conjunto, pero nunca lograron pasar de las buenas intenciones. Finalmente, la propuesta quedó en la nada y no hubo quita bajo esos preceptos. Ecuador ahora concreta aquel propósito.
Correa precisó que su gobierno dejó de pagar los intereses de los bonos Global 2012, que ascienden a sólo 30,6 millones de dólares y debían ser cancelados un día laborable antes de su vencimiento el 15 de diciembre, es decir, ayer hasta las 10 hora local. El presidente afirmó que el plan de reestructuración que planteará a los acreedores busca evitar “complicados, engorrosos y tal vez dolorosos litigios”. Luego reconoció que no todos los Global 2012 son “ilegítimos” y por eso buscará llegar a un acuerdo con los acreedores.
“Por supuesto, no toda la deuda es ilegítima, inmoral, pero sí una gran proporción; por eso estamos dispuestos a presentar un plan de reestructuración”, señaló Correa. La deuda ecuatoriana asciende a 9937 millones de dólares, equivalentes al 19 por ciento del PIB. De ese total, 3000 millones corresponden a Global 2012. “Sabemos la decisión que estamos tomando, sabemos a lo que nos estamos enfrentando, como presidente de la república, asumo toda la responsabilidad, pero les insisto: ya es hora de inaugurar la justicia y la dignidad”, recalcó. La comisión investigadora de la deuda empezó a trabajar en junio del año pasado y revisó los pasivos del país de 1976 a 2006. La única nota que empañó la algarabía en el gobierno ecuatoriano fue la renuncia de la canciller María Salvador, alegando razones personales.
“No se seguirá pagando esa deuda externa y presentaremos a los acreedores un plan de reestructuración en los próximos días”, afirmó Correa en una declaración a la prensa en Guayaquil. Es una medida inédita para los países de América latina, que en otras oportunidades cayeron en default, ya sea en un intento por forzar una negociación con los acreedores o bien porque no pudieron soportar el ahogo financiero, como el caso de Argentina en 2002. Ecuador, en cambio, lo hace sobre una porción de la deuda de poca significación en términos económicos y alegando razones de justicia y moralidad.
En 1984, Argentina, Brasil y México conformaron el Consenso de Cartagena para plantear a los acreedores la ilegalidad y la inmoralidad de parte de la deuda asumida por las dictaduras de esos países. Funcionarios de los tres países mantuvieron algunos encuentros para intentar formalizar un plan de acción conjunto, pero nunca lograron pasar de las buenas intenciones. Finalmente, la propuesta quedó en la nada y no hubo quita bajo esos preceptos. Ecuador ahora concreta aquel propósito.
Correa precisó que su gobierno dejó de pagar los intereses de los bonos Global 2012, que ascienden a sólo 30,6 millones de dólares y debían ser cancelados un día laborable antes de su vencimiento el 15 de diciembre, es decir, ayer hasta las 10 hora local. El presidente afirmó que el plan de reestructuración que planteará a los acreedores busca evitar “complicados, engorrosos y tal vez dolorosos litigios”. Luego reconoció que no todos los Global 2012 son “ilegítimos” y por eso buscará llegar a un acuerdo con los acreedores.
“Por supuesto, no toda la deuda es ilegítima, inmoral, pero sí una gran proporción; por eso estamos dispuestos a presentar un plan de reestructuración”, señaló Correa. La deuda ecuatoriana asciende a 9937 millones de dólares, equivalentes al 19 por ciento del PIB. De ese total, 3000 millones corresponden a Global 2012. “Sabemos la decisión que estamos tomando, sabemos a lo que nos estamos enfrentando, como presidente de la república, asumo toda la responsabilidad, pero les insisto: ya es hora de inaugurar la justicia y la dignidad”, recalcó. La comisión investigadora de la deuda empezó a trabajar en junio del año pasado y revisó los pasivos del país de 1976 a 2006. La única nota que empañó la algarabía en el gobierno ecuatoriano fue la renuncia de la canciller María Salvador, alegando razones personales.
Nota de Crítica de la Argentina
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, declaró formalmente la moratoria en el pago de una parte de la deuda externa de su país. El anuncio del mandatario hizo que Ecuador ingresara oficialmente en default. Además, reiteró que no pagará los tramos de la deuda evaluados como ilegítimos por la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), que investigó los pasivos internacionales del país de los últimos treinta años.
Correa ordenó frenar el giro de 30,6 millones de dólares correspondientes a los intereses que vencían ayer mismo de los bonos Global 2012, que en total suman 3.800 millones de dólares. Al hacer el anuncio en la ciudad de Guayaquil dijo estar dispuesto a asumir toda la responsabilidad por la decisión que, se prevé, originará reclamos de los acreedores, y a presentar un plan de reestructuración de los pasivos.
La comisión de auditoría encontró serios indicios de irregularidades en la contratación de algunos créditos internacionales, lo que motivó una investigación de la fiscalía sobre varios ex gobernantes. Alejandro Olmos, uno de los argentinos que integraron la CAIC y cara visible en Ecuador del proceso de verificación de la deuda, adelantó a Crítica de la Argentina que “las decisiones más fuertes se van a tomar la semana próxima” y que Correa “necesita más tiempo para asegurarse que no le embarguen los recursos petroleros del país depositados en el exterior o en tránsito”.
Olmos precisó que, en función del veredicto de la CAIC, Correa impugnará los u$s 3.800 millones correspondientes a los bonos Global. También estuvieron en la comisión los argentinos Miguel Espeche Gil, Salvador María Lozada y Alfredo Carella. En paralelo, el gobierno de Ecuador encaró una ofensiva para exhibir el informe de la auditoría ante varios países de la región.
Correa explicó que avanzará en una estrategia jurídica para no pagar la deuda externa considerada “inmoral” e “ilegítima”. “Lo que está pasando en Ecuador no es casual, es parte de un proceso de cambio profundo, radical y rápido”, agregó.
Acerca de la auditoría, el mandatario amplió: “Los resultados fueron tremendos, lo que se ha hecho con la deuda es inmoral, es traición a la patria, claramente ilegítima. Ahora tenemos que ver si podemos demostrar su ilegalidad, sobre todo en los tribunales internacionales”.
Correa ordenó frenar el giro de 30,6 millones de dólares correspondientes a los intereses que vencían ayer mismo de los bonos Global 2012, que en total suman 3.800 millones de dólares. Al hacer el anuncio en la ciudad de Guayaquil dijo estar dispuesto a asumir toda la responsabilidad por la decisión que, se prevé, originará reclamos de los acreedores, y a presentar un plan de reestructuración de los pasivos.
La comisión de auditoría encontró serios indicios de irregularidades en la contratación de algunos créditos internacionales, lo que motivó una investigación de la fiscalía sobre varios ex gobernantes. Alejandro Olmos, uno de los argentinos que integraron la CAIC y cara visible en Ecuador del proceso de verificación de la deuda, adelantó a Crítica de la Argentina que “las decisiones más fuertes se van a tomar la semana próxima” y que Correa “necesita más tiempo para asegurarse que no le embarguen los recursos petroleros del país depositados en el exterior o en tránsito”.
Olmos precisó que, en función del veredicto de la CAIC, Correa impugnará los u$s 3.800 millones correspondientes a los bonos Global. También estuvieron en la comisión los argentinos Miguel Espeche Gil, Salvador María Lozada y Alfredo Carella. En paralelo, el gobierno de Ecuador encaró una ofensiva para exhibir el informe de la auditoría ante varios países de la región.
Correa explicó que avanzará en una estrategia jurídica para no pagar la deuda externa considerada “inmoral” e “ilegítima”. “Lo que está pasando en Ecuador no es casual, es parte de un proceso de cambio profundo, radical y rápido”, agregó.
Acerca de la auditoría, el mandatario amplió: “Los resultados fueron tremendos, lo que se ha hecho con la deuda es inmoral, es traición a la patria, claramente ilegítima. Ahora tenemos que ver si podemos demostrar su ilegalidad, sobre todo en los tribunales internacionales”.
Nota de Clarín
El presidente Rafael Correa declaró hoy una moratoria al pago de parte de la deuda exterior de Ecuador, algunos de cuyos tramos considera ilegítimos. Como adelanto, aseguró que no abonará un cupón de intereses de bonos que vencía el próximo lunes.
Al hablar en Guayaquil, Correa afirmó que ya dio la orden para que no se transfieran los 30,6 millones de dólares del pago del interés de los Bonos Global 2012, que suman un total de 3.800 millones de dólares.
El jefe del Estado aclaró públicamente que está dispuesto a asumir toda la responsabilidad de esa decisión, que podría implicar eventuales reclamos de los acreedores. Justamente tuvo serios roces con Brasil porque se negaba a devolver un préstamo para la construcción de una represa a cargo de una firma de capitales brasileños y franceses.
Correa insistió en que no pagará los tramos de la deuda externa considerados ilegítimos por la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), que investigó los pasivos internacionales de Ecuador en los últimos 30 años.
Esa comisión encontró serios indicios de supuestas ilegalidades en la contratación de ciertos créditos internacionales, lo que ha llevado a la Fiscalía a iniciar una indagación previa contra varios ex gobernantes.
Al hablar sobre ese informe, dijo: "Los resultados fueron tremendos, lo que se ha hecho con la deuda es inmoral, es traición a la patria, claramente ilegítima. Ahora tenemos que ver si podemos demostrar su ilegalidad, sobre todo en los tribunales internacionales".
"Todo esto demuestra la óptica con que se han hecho todos estos acuerdos, siempre en función de los acreedores, pisoteando los intereses, dignidad y soberanía de nuestros países", sostuvo el gobernante ecuatoriano.
Al hablar en Guayaquil, Correa afirmó que ya dio la orden para que no se transfieran los 30,6 millones de dólares del pago del interés de los Bonos Global 2012, que suman un total de 3.800 millones de dólares.
El jefe del Estado aclaró públicamente que está dispuesto a asumir toda la responsabilidad de esa decisión, que podría implicar eventuales reclamos de los acreedores. Justamente tuvo serios roces con Brasil porque se negaba a devolver un préstamo para la construcción de una represa a cargo de una firma de capitales brasileños y franceses.
Correa insistió en que no pagará los tramos de la deuda externa considerados ilegítimos por la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), que investigó los pasivos internacionales de Ecuador en los últimos 30 años.
Esa comisión encontró serios indicios de supuestas ilegalidades en la contratación de ciertos créditos internacionales, lo que ha llevado a la Fiscalía a iniciar una indagación previa contra varios ex gobernantes.
Al hablar sobre ese informe, dijo: "Los resultados fueron tremendos, lo que se ha hecho con la deuda es inmoral, es traición a la patria, claramente ilegítima. Ahora tenemos que ver si podemos demostrar su ilegalidad, sobre todo en los tribunales internacionales".
"Todo esto demuestra la óptica con que se han hecho todos estos acuerdos, siempre en función de los acreedores, pisoteando los intereses, dignidad y soberanía de nuestros países", sostuvo el gobernante ecuatoriano.
