Sebasg1973
New member
Que tema este. Leyendo un poco me sorprendio. Ibarra clandestinamente, por decirlo de una menera contrato (en negro?) un grupo de choque para desalojar lugares publicos y Macri los blanqueo.
Ahora, es la solucion al problema de ocupas en espacio publicos, mandarlos a apalear? Es democratico golpear a un indigente por vivir donde puede? en el barrio diriamos que esta menado afuera del tarro. Es una verguenza si esto es verdad. Yo estoy de acuerdo que los espacios de todos deben ser de todos y libres de cualquier ocupacion, pero aplicar violencia atraves de un grupo de tareas me parece una locura. hay medios en la justicia para sacarlos y tambien para poder ayudarlos. mas alla de que la gente que vive en la clle ya noqueire vivir de nuevo en un lugar, ya que por acostumbramiento, verguenza o locura no les interesa eso, no se los puede ir a golpear po ser homeless. Saque esto de perfil, me parecio muy atinado y con menos tendencia que pagina 12. Ya que se acusa mucho a Macri, por blanquearlos pero el reclutador fue Ibarra y debo leer entre lineas que con Telerman tambien estaban. LA verdad una verguenza si es verdad y spero que la legislatura pueda tomar nota y sancionar a todos los culpables de esto exista.
Por decreto, Macri creó una “fuerza de choque” anticirujas
Fueron reclutados por Aníbal Ibarra y durante años se los conoció como “fuerza para tareas especiales”. Esta gestión eligió a los 29 mejores, y les dio uniformes y logística para que ayuden al jefe de Gobierno a “desintrusar” las calles. Responden al jefe de Gabinete de Espacio Público, llegan antes que la Policía, usan autos oficiales y ya hay denuncias en su contra.
Por Lucas Morando
Noviembre. Ya nucleados en la UCEP y algunos con uniforme oficial, trabajan junto al Gobierno para “limpiar” las plazas de intrusos y dan apoyo a la Policía y a la Justicia.
Cuando el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, arrancó su gestión, existían, en toda la Ciudad, unos 160 espacios públicos intrusados, según datos oficiales. Después de 382 operativos encarados por el Ministerio de Espacio Público, lograron que en menos de un año sólo quedaran 65. Y proyectan que en los próximos meses ya no haya lugares usurpados. Sea como sea.
La pregunta que inquieta a varios sectores de la oposición es cómo y con qué métodos el ministro de Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, logró “limpiar” –así se refieren los funcionarios a los operativos– en menos de un año casi cien plazas porteñas donde vivía gran parte de las 700 personas que están en situación de calle en la comuna desde hace años.
La respuesta que más conforma, pero preocupa, responde al regreso a la actividad de un grupo conocido como “fuerza para tareas especiales”, que se creó durante la gestión de Aníbal Ibarra, pero que ahora, aggiornado, trabaja para Macri.
Se trata de un cuerpo de 29 civiles bastante corpulentos y de aspecto poco amistoso –algunos los recuerdan como “los tiburones”– que trabajan de sol a sol, en tres turnos de ocho horas y con una agenda bien clara para “limpiar de intrusos los lugares públicos, en nombre de la ley”, tal como reconocen con soltura ellos mismos.
“Empezamos a trabajar con Ibarra y con Epsztein (ex secretario de Producción), pero ahora estamos mejor porque Mauricio nos blanqueó”, confía a PERFIL uno de sus integrantes, mientras realizaba el viernes un operativo en Costanera Sur para clausurar algunos carritos ilegales.
El equipo, que responde a un líder apodado “El Tano”, está contratado por el Gobierno porteño desde hace años, aunque siempre estuvieron repartidos en distintas dependencias.
Pero el 29 de octubre, el Decreto 1232/8, firmado por Macri, Piccardo y Grindetti (Hacienda) creó la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), cuerpo que los agrupa y faculta para “mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión y la difusión de la norma vigente y las sanciones correspondientes” y “colaborar operativamente en mantener el orden”, entre otras responsabilidades.
Soldados PRO. Si bien trabajan codo a codo con la Policía y la Justicia, son siempre los primeros en llegar a una “situación de conflicto”, cualquiera sea el ministerio involucrado, ya que no sólo operan para Espacio Público.
Llegaron antes que la Policía Federal a las Barrancas de Belgrano, cuando el Gobierno desalojó por la fuerza en febrero a varias decenas de cartoneros a la madrugada, y también estuvieron en medio de los disturbios por la carpa docente en Plaza de Mayo, siempre de civil y con perfil bajo.
Algunas fuentes ministeriales aseguran que son ex barrabravas, pero ellos lo niegan y juran que nunca usan la fuerza, sólo “persuaden y disuaden”. Y se quejan de que tienen una labor arriesgada para su bajo sueldo: cobran $ 1.200 por mes. El Gobierno les da movilidad, logística y un celular a cada uno.
Por eso, no pudieron abandonar sus principales ocupaciones. Uno es verdulero (le dicen “el Mandarina”), otro tiene un almacén, hay un conductor de camiones de recolección de basura y otro de ambulancias, un referí de la AFA y un instalador de membranas para techos.
Al ser consultados sobre sus cuestionados métodos para “limpiar” las plazas, juran que son pacíficos pero reconocen que hay ocasiones en las que tienen que mostrar los dientes: “La otra vez un usurpador no se quería ir y hasta que no le cruzarmos un camión de basura y le dijimos que le íbamos a tirar todo, no nos entendió. Sólo hacemos cumplir la ley”, se defienden.
En la mira. En octubre, el mes en que se creó la UCEP, la Defendoría del Pueblo porteña registró tres denuncias que refieren al uso de la violencia contra cartoneros y cirujas en la vía pública. La que más compromete a esta fuerza es de Gustavo Diego Pérez, un “recuperador urbano” que asegura que a las 2 de la madrugada del 2 de octubre, trece personas que bajaron de un camión con la inscripción “Panizza” y de cuatro camionetas en Lima e Independencia, le tiraron todas sus pertenencias en una compactadora y las destruyeron, junto con sus documentos. Según su testimonio, lo mismo les sucedió a varios compañeros. Pero uno se atrevió a espiar la patente del camión e hizo la denuncia. La Defensoría la chequeó y comprobó que el rodado está a nombre del Gobierno porteño.
Otra de las denuncias corresponde a Jorge Enrique Alonso, Párroco de la iglesia Inmaculado Corazón de María: asegura que el 7 de octubre a la 1 A.M. en Constitución al 1000, donde vive, fue testigo de la agresión física a un indigente de 66 años que duerme desde hace ocho meses bajo la autopista. Vio cómo más de 20 jóvenes lo echaron a patadas y lo golpearon en el estómago luego de amenazarlo con cortarle el cuello con un instrumento cortante. Los insultaron y le dieron, en nombre del Gobierno porteño, 24 horas para desocupar el lugar. Si no –amenazaron– volverían e incendiarían sus pertenencias.
“Estamos muy preocupados y vamos a seguir investigando. Ya le mandamos la notificación a Horacio Rodríguez Larreta (jefe de Gabinete)”, indicó Alicia Pierini, defensora del pueblo. Además, adelantó, preparan una denuncia penal para que la Justicia investigue.
La frontera entre los derechos de los sin techo y la violación del espacio público en la que opera la UCEP también despierta críticas. El legislador K, Juan Cabandié, dispara: “Que Macri haya avanzado tan rápido en la formación de un grupo de choque violentamente contra los que menos tienen y tarde tanto en realizar compras de insumos para los hospitales, en arreglar las becas de los estudiantes o extender los subtes deja entrever qué tipo de Ciudad quiere, una para los ricos”.
Otro legislador, que fue testigo de cómo desalojaron a cadenazos a un “ciruja” de una esquina de un barrio frecuentado por turistas recordó: “Estos pibes se hicieron conocidos hace años porque resuelven en un ratito lo que a Desarrollo Social le lleva meses”, confía.
El Gobierno porteño negó que este cuerpo actúe con violencia y aseguró que investigará las denuncias: “La UCEP trabaja en paralelo con la Policía y los demás poderes, y su función es ordenar el espacio público; son civiles que tienen calle y no tienen miedo de hacer ese trabajo. Los que nos critican y denuncian lo hacen por maniobras políticas”, aclara Fabián Rodríguez Simón, jefe de Gabinete del Ministerio de Espacio Público, y jefe político de esta fuerza.
Los secretos de la UCEP
El 29 de octubre se publicó en el Boletín Oficial el decreto que creó la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP), dependiente del ministerio con el mismo nombre.
Así, el Gobierno eligió a los “29 mejores hombres” de un cuerpo de civiles que funcionaba disperso en varias dependencias desde la gestión de Aníbal Ibarra.
Cobran $ 1.200, tienen camionetas oficiales y celular. Les darán una campera, gorro y chalecto antipúa (para frenar elementos punzocortantes).
A pesar de que algunas versiones aseguran que tienen un pasado como barrabravas, ellos dicen que trabajan de verduleros, almaceneros y transportistas. Hasta hay un árbitro de fútbol.
No actúan en los lugares donde haya chicos, mujeres o ancianos. Sólo “hacen cumplir la ley sin usar la violencia”, juran.
En octubre se realizaron tres denuncias en la Defensoría del Pueblo. Fueron de cartoneros y personas sin hogar que denuncian haber sido “apretados” por civiles que se trasportaban en camiones de basura y camionetas oficiales. A algunos les destruyeron las pertenencias y a otros los golpearon.
El Gobierno toma las denuncias como operaciones políticas. La Defensoría porteña llevará el tema a la Justicia.
Ahora, es la solucion al problema de ocupas en espacio publicos, mandarlos a apalear? Es democratico golpear a un indigente por vivir donde puede? en el barrio diriamos que esta menado afuera del tarro. Es una verguenza si esto es verdad. Yo estoy de acuerdo que los espacios de todos deben ser de todos y libres de cualquier ocupacion, pero aplicar violencia atraves de un grupo de tareas me parece una locura. hay medios en la justicia para sacarlos y tambien para poder ayudarlos. mas alla de que la gente que vive en la clle ya noqueire vivir de nuevo en un lugar, ya que por acostumbramiento, verguenza o locura no les interesa eso, no se los puede ir a golpear po ser homeless. Saque esto de perfil, me parecio muy atinado y con menos tendencia que pagina 12. Ya que se acusa mucho a Macri, por blanquearlos pero el reclutador fue Ibarra y debo leer entre lineas que con Telerman tambien estaban. LA verdad una verguenza si es verdad y spero que la legislatura pueda tomar nota y sancionar a todos los culpables de esto exista.
Por decreto, Macri creó una “fuerza de choque” anticirujas
Fueron reclutados por Aníbal Ibarra y durante años se los conoció como “fuerza para tareas especiales”. Esta gestión eligió a los 29 mejores, y les dio uniformes y logística para que ayuden al jefe de Gobierno a “desintrusar” las calles. Responden al jefe de Gabinete de Espacio Público, llegan antes que la Policía, usan autos oficiales y ya hay denuncias en su contra.
Por Lucas Morando
Noviembre. Ya nucleados en la UCEP y algunos con uniforme oficial, trabajan junto al Gobierno para “limpiar” las plazas de intrusos y dan apoyo a la Policía y a la Justicia.
Cuando el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, arrancó su gestión, existían, en toda la Ciudad, unos 160 espacios públicos intrusados, según datos oficiales. Después de 382 operativos encarados por el Ministerio de Espacio Público, lograron que en menos de un año sólo quedaran 65. Y proyectan que en los próximos meses ya no haya lugares usurpados. Sea como sea.
La pregunta que inquieta a varios sectores de la oposición es cómo y con qué métodos el ministro de Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, logró “limpiar” –así se refieren los funcionarios a los operativos– en menos de un año casi cien plazas porteñas donde vivía gran parte de las 700 personas que están en situación de calle en la comuna desde hace años.
La respuesta que más conforma, pero preocupa, responde al regreso a la actividad de un grupo conocido como “fuerza para tareas especiales”, que se creó durante la gestión de Aníbal Ibarra, pero que ahora, aggiornado, trabaja para Macri.
Se trata de un cuerpo de 29 civiles bastante corpulentos y de aspecto poco amistoso –algunos los recuerdan como “los tiburones”– que trabajan de sol a sol, en tres turnos de ocho horas y con una agenda bien clara para “limpiar de intrusos los lugares públicos, en nombre de la ley”, tal como reconocen con soltura ellos mismos.
“Empezamos a trabajar con Ibarra y con Epsztein (ex secretario de Producción), pero ahora estamos mejor porque Mauricio nos blanqueó”, confía a PERFIL uno de sus integrantes, mientras realizaba el viernes un operativo en Costanera Sur para clausurar algunos carritos ilegales.
El equipo, que responde a un líder apodado “El Tano”, está contratado por el Gobierno porteño desde hace años, aunque siempre estuvieron repartidos en distintas dependencias.
Pero el 29 de octubre, el Decreto 1232/8, firmado por Macri, Piccardo y Grindetti (Hacienda) creó la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), cuerpo que los agrupa y faculta para “mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión y la difusión de la norma vigente y las sanciones correspondientes” y “colaborar operativamente en mantener el orden”, entre otras responsabilidades.
Soldados PRO. Si bien trabajan codo a codo con la Policía y la Justicia, son siempre los primeros en llegar a una “situación de conflicto”, cualquiera sea el ministerio involucrado, ya que no sólo operan para Espacio Público.
Llegaron antes que la Policía Federal a las Barrancas de Belgrano, cuando el Gobierno desalojó por la fuerza en febrero a varias decenas de cartoneros a la madrugada, y también estuvieron en medio de los disturbios por la carpa docente en Plaza de Mayo, siempre de civil y con perfil bajo.
Algunas fuentes ministeriales aseguran que son ex barrabravas, pero ellos lo niegan y juran que nunca usan la fuerza, sólo “persuaden y disuaden”. Y se quejan de que tienen una labor arriesgada para su bajo sueldo: cobran $ 1.200 por mes. El Gobierno les da movilidad, logística y un celular a cada uno.
Por eso, no pudieron abandonar sus principales ocupaciones. Uno es verdulero (le dicen “el Mandarina”), otro tiene un almacén, hay un conductor de camiones de recolección de basura y otro de ambulancias, un referí de la AFA y un instalador de membranas para techos.
Al ser consultados sobre sus cuestionados métodos para “limpiar” las plazas, juran que son pacíficos pero reconocen que hay ocasiones en las que tienen que mostrar los dientes: “La otra vez un usurpador no se quería ir y hasta que no le cruzarmos un camión de basura y le dijimos que le íbamos a tirar todo, no nos entendió. Sólo hacemos cumplir la ley”, se defienden.
En la mira. En octubre, el mes en que se creó la UCEP, la Defendoría del Pueblo porteña registró tres denuncias que refieren al uso de la violencia contra cartoneros y cirujas en la vía pública. La que más compromete a esta fuerza es de Gustavo Diego Pérez, un “recuperador urbano” que asegura que a las 2 de la madrugada del 2 de octubre, trece personas que bajaron de un camión con la inscripción “Panizza” y de cuatro camionetas en Lima e Independencia, le tiraron todas sus pertenencias en una compactadora y las destruyeron, junto con sus documentos. Según su testimonio, lo mismo les sucedió a varios compañeros. Pero uno se atrevió a espiar la patente del camión e hizo la denuncia. La Defensoría la chequeó y comprobó que el rodado está a nombre del Gobierno porteño.
Otra de las denuncias corresponde a Jorge Enrique Alonso, Párroco de la iglesia Inmaculado Corazón de María: asegura que el 7 de octubre a la 1 A.M. en Constitución al 1000, donde vive, fue testigo de la agresión física a un indigente de 66 años que duerme desde hace ocho meses bajo la autopista. Vio cómo más de 20 jóvenes lo echaron a patadas y lo golpearon en el estómago luego de amenazarlo con cortarle el cuello con un instrumento cortante. Los insultaron y le dieron, en nombre del Gobierno porteño, 24 horas para desocupar el lugar. Si no –amenazaron– volverían e incendiarían sus pertenencias.
“Estamos muy preocupados y vamos a seguir investigando. Ya le mandamos la notificación a Horacio Rodríguez Larreta (jefe de Gabinete)”, indicó Alicia Pierini, defensora del pueblo. Además, adelantó, preparan una denuncia penal para que la Justicia investigue.
La frontera entre los derechos de los sin techo y la violación del espacio público en la que opera la UCEP también despierta críticas. El legislador K, Juan Cabandié, dispara: “Que Macri haya avanzado tan rápido en la formación de un grupo de choque violentamente contra los que menos tienen y tarde tanto en realizar compras de insumos para los hospitales, en arreglar las becas de los estudiantes o extender los subtes deja entrever qué tipo de Ciudad quiere, una para los ricos”.
Otro legislador, que fue testigo de cómo desalojaron a cadenazos a un “ciruja” de una esquina de un barrio frecuentado por turistas recordó: “Estos pibes se hicieron conocidos hace años porque resuelven en un ratito lo que a Desarrollo Social le lleva meses”, confía.
El Gobierno porteño negó que este cuerpo actúe con violencia y aseguró que investigará las denuncias: “La UCEP trabaja en paralelo con la Policía y los demás poderes, y su función es ordenar el espacio público; son civiles que tienen calle y no tienen miedo de hacer ese trabajo. Los que nos critican y denuncian lo hacen por maniobras políticas”, aclara Fabián Rodríguez Simón, jefe de Gabinete del Ministerio de Espacio Público, y jefe político de esta fuerza.
Los secretos de la UCEP
El 29 de octubre se publicó en el Boletín Oficial el decreto que creó la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP), dependiente del ministerio con el mismo nombre.
Así, el Gobierno eligió a los “29 mejores hombres” de un cuerpo de civiles que funcionaba disperso en varias dependencias desde la gestión de Aníbal Ibarra.
Cobran $ 1.200, tienen camionetas oficiales y celular. Les darán una campera, gorro y chalecto antipúa (para frenar elementos punzocortantes).
A pesar de que algunas versiones aseguran que tienen un pasado como barrabravas, ellos dicen que trabajan de verduleros, almaceneros y transportistas. Hasta hay un árbitro de fútbol.
No actúan en los lugares donde haya chicos, mujeres o ancianos. Sólo “hacen cumplir la ley sin usar la violencia”, juran.
En octubre se realizaron tres denuncias en la Defensoría del Pueblo. Fueron de cartoneros y personas sin hogar que denuncian haber sido “apretados” por civiles que se trasportaban en camiones de basura y camionetas oficiales. A algunos les destruyeron las pertenencias y a otros los golpearon.
El Gobierno toma las denuncias como operaciones políticas. La Defensoría porteña llevará el tema a la Justicia.