Los efectos que produciría una nueva ley de medios
Grupo Clarín deberá achicarse y ganan las telefónicas. Se modifica distribución de las frecuencias de radiodifusión.
Apenas la presidenta Cristina Fernández envió la semana pasada al Congreso el proyecto oficial de Servicios de Comunicación Audiovisual, que reempla- zará a la ley de Radiodifusión, la polémica se instaló en distintos ámbitos. Más allá de las opiniones a favor y en contra que recoge la iniciativa oficial, en caso de ser aprobada cambiará el mapa a los medios de comunicación en el país.
Básicamente, el proyecto limita con fuerza a los multimedios, regula a las compañías de televisión paga, autoriza a las empresas de servicios públicos como las telefónicas a ingresar a este mercado y divide al espectro radioeléctrico en tres partes iguales, para ser usados por medios comerciales, ONG y estatales.
El que sigue es parte de un informe publicado ayer por el diario Perfil, con los principales interrogantes que despierta el proyecto. Quienes ganan y pierden con el cambio.
* ¿Quién controla? Los medios serán regulados por un organismo que dependerá de la Secretaría de Medios. Un aspecto a debatir es su conformación: el directorio tendrá cinco miembros nombrados por el Poder Ejecutivo, dos de ellos a propuesta de una comisión bicameral.
* Límites a los multimedios. La ley vigente permite a las empresas tener hasta 24 licencias para operar radios y canales de televisión en el país. El proyecto las limita a 10. Además, quien sea operador de un canal de aire no puede tener en la misma ciudad un canal de cable. Sólo se puede tener en la misma área una radio AM y hasta dos FM. Los operadores de cable podrán dar el servicio hasta en 24 localidades y tendrán otro límite: no podrán obtener más de 35% de los abonados de todo el país.
* Los grupos beneficiados. Actualmente, Telefónica y Telecom tienen prohibido el ingreso al mercado de medios. Esa cláusula existe porque son dueñas de las redes que llegan a casi todos los hogares de la Argentina, lo que les da una ventaja muy fuerte respecto a las empresas de cable. El proyecto oficial les permite ingresar ahora. Pero les impone dos restricciones básicas: crear una empresa separada para evitar subsidios cruzados y respetar la Ley de Bienes Culturales, por la que los extranjeros no pueden ser dueños de más de 30%.
* Los grupos perjudicados. Clarín, porque deberá vender Canal 13 si quiere mantener Cablevisión, que le entrega más de 60% de sus ingresos. Además deberá achicar esa empresa de cable ya que tiene 50% de los abonados del país y no podrá superar el 35%. El Grupo Uno, de Daniel Vila y José Luis Manzano, es dueño de Supercanal, la tercera red de cable del país, pero tiene además 19 radios y canales. No puede tener más de 10 licencias. Lo mismo le pasa al español Grupo Prisa, dueño de Continental, que tiene 19 licencias y sólo podrá tener hasta 10.
* Plazos. El proyecto oficial les dará un año desde su reglamentación a las empresas para que se adecuen a la nueva norma. En el mundo es muy conocido el caso de "desinversión" de AT&T que fue desmembrada por el regulador de telecomunicaciones de los EE.UU. en 9 compañías, para favorecer la competencia.
* ¿Medios más representativos? El proyecto oficial propone distribuir el espacio del espectro radioeléctrico, a través del cual se propagan las señales de radio y televisión, en tres partes iguales para usos comerciales, de ONG y de medios estatales. El argumento oficial es que de esta manera se generará una mayor polifonía de voces ya que dan por sentado que los medios niegan la palabra de algunos sectores.
* Control de contenidos. El proyecto plantea la prohibición de emitir programación sexista y discriminatoria, entre otras restricciones. Más allá de ello, algu-nos legisladores consideran que el proyecto intenta controlar a los medios ya que cada dos años se revisará el esquema por el que se otorgan las licencias para poder operar servicios de TV y radio.
* Producción nacional. El proyecto oficial introduce cuotas en las programaciones de canales de tv y en las radios, para que incluyan películas, telefilms y otras producciones culturales de origen nacional. Distingue además, para el caso de la música, entre las producciones de las disqueras y las independientes, de manera de garantizar un espacio mínimo para las producciones nacionales que no cuentan con el apoyo de grandes empresas productoras.
* Criterios para otorgar licencias. se prioriza la innovación cultural de la propuesta por sobre el patrimonio de los concursantes. Una empresa de tv satelital como DirecTV, sólo podrá tener una licencia. No podrá operar una radio o un canal de televisión abierta. Deberá además tener una señal propia nacional (hoy DirecTV no la tiene). De esta forma, se impedirá que las telefónicas brinden el servicio de tv por ese sistema. Están obligadas a hacerlo por su propia red. Así se pretende que las mejoren y las amplíen a más localidades, ya que en el gobierno estiman que el 80% de las redes de banda ancha que hay en el país se concentran en sólo cinco ciudades.
* Los bienes de los medios. Quedarán afectados a la explotación. Se pretende de así que los propietarios de los medios, ante una quiebra, no se lleven los sistemas de producción, como por ejemplo las cámaras y de esta manera no se pueda continuar la explotación y se pierdan fuentes de trabajo. (Fuente: Perfil)
Grupo Clarín deberá achicarse y ganan las telefónicas. Se modifica distribución de las frecuencias de radiodifusión.
Apenas la presidenta Cristina Fernández envió la semana pasada al Congreso el proyecto oficial de Servicios de Comunicación Audiovisual, que reempla- zará a la ley de Radiodifusión, la polémica se instaló en distintos ámbitos. Más allá de las opiniones a favor y en contra que recoge la iniciativa oficial, en caso de ser aprobada cambiará el mapa a los medios de comunicación en el país.
Básicamente, el proyecto limita con fuerza a los multimedios, regula a las compañías de televisión paga, autoriza a las empresas de servicios públicos como las telefónicas a ingresar a este mercado y divide al espectro radioeléctrico en tres partes iguales, para ser usados por medios comerciales, ONG y estatales.
El que sigue es parte de un informe publicado ayer por el diario Perfil, con los principales interrogantes que despierta el proyecto. Quienes ganan y pierden con el cambio.
* ¿Quién controla? Los medios serán regulados por un organismo que dependerá de la Secretaría de Medios. Un aspecto a debatir es su conformación: el directorio tendrá cinco miembros nombrados por el Poder Ejecutivo, dos de ellos a propuesta de una comisión bicameral.
* Límites a los multimedios. La ley vigente permite a las empresas tener hasta 24 licencias para operar radios y canales de televisión en el país. El proyecto las limita a 10. Además, quien sea operador de un canal de aire no puede tener en la misma ciudad un canal de cable. Sólo se puede tener en la misma área una radio AM y hasta dos FM. Los operadores de cable podrán dar el servicio hasta en 24 localidades y tendrán otro límite: no podrán obtener más de 35% de los abonados de todo el país.
* Los grupos beneficiados. Actualmente, Telefónica y Telecom tienen prohibido el ingreso al mercado de medios. Esa cláusula existe porque son dueñas de las redes que llegan a casi todos los hogares de la Argentina, lo que les da una ventaja muy fuerte respecto a las empresas de cable. El proyecto oficial les permite ingresar ahora. Pero les impone dos restricciones básicas: crear una empresa separada para evitar subsidios cruzados y respetar la Ley de Bienes Culturales, por la que los extranjeros no pueden ser dueños de más de 30%.
* Los grupos perjudicados. Clarín, porque deberá vender Canal 13 si quiere mantener Cablevisión, que le entrega más de 60% de sus ingresos. Además deberá achicar esa empresa de cable ya que tiene 50% de los abonados del país y no podrá superar el 35%. El Grupo Uno, de Daniel Vila y José Luis Manzano, es dueño de Supercanal, la tercera red de cable del país, pero tiene además 19 radios y canales. No puede tener más de 10 licencias. Lo mismo le pasa al español Grupo Prisa, dueño de Continental, que tiene 19 licencias y sólo podrá tener hasta 10.
* Plazos. El proyecto oficial les dará un año desde su reglamentación a las empresas para que se adecuen a la nueva norma. En el mundo es muy conocido el caso de "desinversión" de AT&T que fue desmembrada por el regulador de telecomunicaciones de los EE.UU. en 9 compañías, para favorecer la competencia.
* ¿Medios más representativos? El proyecto oficial propone distribuir el espacio del espectro radioeléctrico, a través del cual se propagan las señales de radio y televisión, en tres partes iguales para usos comerciales, de ONG y de medios estatales. El argumento oficial es que de esta manera se generará una mayor polifonía de voces ya que dan por sentado que los medios niegan la palabra de algunos sectores.
* Control de contenidos. El proyecto plantea la prohibición de emitir programación sexista y discriminatoria, entre otras restricciones. Más allá de ello, algu-nos legisladores consideran que el proyecto intenta controlar a los medios ya que cada dos años se revisará el esquema por el que se otorgan las licencias para poder operar servicios de TV y radio.
* Producción nacional. El proyecto oficial introduce cuotas en las programaciones de canales de tv y en las radios, para que incluyan películas, telefilms y otras producciones culturales de origen nacional. Distingue además, para el caso de la música, entre las producciones de las disqueras y las independientes, de manera de garantizar un espacio mínimo para las producciones nacionales que no cuentan con el apoyo de grandes empresas productoras.
* Criterios para otorgar licencias. se prioriza la innovación cultural de la propuesta por sobre el patrimonio de los concursantes. Una empresa de tv satelital como DirecTV, sólo podrá tener una licencia. No podrá operar una radio o un canal de televisión abierta. Deberá además tener una señal propia nacional (hoy DirecTV no la tiene). De esta forma, se impedirá que las telefónicas brinden el servicio de tv por ese sistema. Están obligadas a hacerlo por su propia red. Así se pretende que las mejoren y las amplíen a más localidades, ya que en el gobierno estiman que el 80% de las redes de banda ancha que hay en el país se concentran en sólo cinco ciudades.
* Los bienes de los medios. Quedarán afectados a la explotación. Se pretende de así que los propietarios de los medios, ante una quiebra, no se lleven los sistemas de producción, como por ejemplo las cámaras y de esta manera no se pueda continuar la explotación y se pierdan fuentes de trabajo. (Fuente: Perfil)
